El convenio tiene la finalidad de llevar adelante la Especialidad Superior en materia penal con enfoque de género y derechos humanos, con certificación intermedia al Diplomado en violencia de género, en su segunda versión.
Este programa busca fortalecer las competencias del personal judicial en el tratamiento de casos de violencia contra la mujer, dotándoles de las herramientas prácticas, legales y éticas para actuar con sensibilidad y firmeza en cada proceso judicial.
En la oportunidad, el vicerrector, Erick Mita, señaló que el acuerdo suscrito este miércoles en el salón de honor del Consejo de la Magistratura, confirma una vez más los lazos interinstitucionales que están orientados a la capacitación y formación especializada de los funcionarios del órgano judicial.
Por su parte, el rector Walter Arízaga mencionó que el acuerdo no hace otra cosa que renovar los esfuerzos de ambas instituciones por luchar contra la violencia de género; asimismo, recordó que en la primera versión reunió a 93 profesionales del órgano judicial, entre ellos, vocales, jueces y juezas, servidores jurisdiccionales, entre otros.
“Como Universidad creemos firmemente que la educación transforma y que la justicia requiere formación especializada, sensible, contextual y con enfoque de derechos; por eso, este programa, no solo busca transmitir conocimientos técnicos, también pretende formar servidores y servidoras con capacidad crítica, perspectiva de género y responsabilidad social”, destacó la primera autoridad universitaria, al afirmar que su institución reafirma, a través de este convenio, su compromiso con la excelencia académica y la construcción de una Bolivia más justa, más igualitaria y más humana.
En la parte operativa, el convenio establece que la Especialidad Superior en materia penal con enfoque de género y derechos humanos, se realizará bajo la dirección del Centro de Estudios de Posgrado e Investigación (CEPI)
Antes de concluir el acto, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, recordó que hace aproximadamente diez años, cuando desempeñó el cargo de juez en materia penal, le toco resolver un caso de feminicidio; sin embargo, dijo, muchos funcionarios judiciales no estaban preparados para atender este caso ya que, por entonces, las universidades no realizaban cursos de posgrado en esta temática. Felizmente, aseguro, ahora es una materia obligatoria, que es transversal a todos los campos del derecho y la justicia.
“Es sumamente importante que este tipo de especialidades continúen y fortalezcan la labor de los jueces. Ahora que firmamos este convenio para dar curso a la segunda versión de este programa posgradual, se busca fortalecer las capacidades profesionales en materia penal para brindar un servicio de calidad”, apuntó el presidente de la Magistratura, al resaltar el apoyo de la Universidad en la capacitación especializada al personal del órgano judicial.
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