En opinión del rector de la Universidad de San Francisco Xavier, Walter Arízaga, no hubo razones justificables para suspender la audiencia de Amparo Constitucional que debía realizarse el pasado martes, toda vez que las partes que intervienen en el proceso se encontraban en la audiencia, a esta irregularidad se suma el cambio repentino de sede de la audiencia programada primeramente en Santa Cruz y luego fue derivada a La Paz, cuando en realidad este recurso debía tratarse en la ciudad de Sucre donde se cometió la competencia desleal en contra de Fancesa, dijo la autoridad.
Por estas irregularidades, que harían suponer un trasfondo que pretende lastimar los intereses de la factoría chuquisaqueña y del departamento en general, el rector solicitó al presidente de Fancesa Guido Calvo, la reunión inmediata entre las copropietarias con el objetivo de analizar esta situación y tomar acciones que correspondan en defensa de los intereses de Chuquisasca, indicó.
En ese contexto, la autoridad universitaria recordó que desde hace muchísimos años Fancesa ha soportado el bloqueo de parte del Estado, con acciones que interrumpieron su progreso, tal como sucedió en 1995 cuando Fancesa estaba a punto de lograr la quinta ampliación, pero el gobierno de entonces (MNR) impidió que la factoría reciba créditos de organismos internacionales como la CAF (Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe) y el Banco Santander de España, además de entidades financieras nacionales, “pero el ministro de capitalización nos fue a bloquear el financiamiento con otros fines. El pueblo boliviano debe recordar esos hechos, porque no solo es hoy el enfrentamiento entre Fancesa y Soboce, se tiene que recordar qué ocurrió entonces y cómo perjudicaron al departamento”, explicó el rector Arízaga.
La audiencia de Amparo Constitucional presentado por la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE), es para impedir se ejecute el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que confirmó la competencia desleal de la cementera paceña en contra de Fancesa, dicha sentencia determinó además el pago de 744 millones de bolivianos en favor de la factoría chuquisaqueña.
JCV