En 1918, los estudiantes de Córdoba (Argentina), inspirados por el positivismo liberal, exigen dotar a la formación universitaria el carácter científico. La irreverencia estudiantil advierte que el Estado es el principal obstáculo para la libertad de pensamiento; en ese orden, los estudiantes demandan hacerse cargo de la administración universitaria, “La Universidad para los estudiantes”, se reclama, traducido como la democratización de la universidad. Este movimiento generacional pretendía la reforma educacional, expresada en el Manifiesto Liminar de la Federación Universitaria de Córdoba.
Los estudiantes argentinos proponen que el gobierno universitario esté integrado por estudiantes, profesores y egresados, además demandan la docencia libre, el cambio de los métodos de enseñanza y la proyección social de la Universidad. No obstante, Mariano Baptista, señala en su libro “Revolución universitaria” (1956), que el legado del Manifiesto debe ser entendido como la necesidad de construir una universidad científica y experimental. “atenta a la complejidad que alcanzaban las nuevas formas de producción en el país”.
Las ideas reformistas llegan a Sucre de la mano de Renato Riverín, que vivía en Argentina por motivos académicos durante la asonada estudiantil, éste las comparte con los flamantes dirigentes de la Federación de Estudiantes de Chuquisaca (FECH), refundada en 1924, año en que la Universidad de San Francisco Xavier celebra el tercer centenario de su fundación. En su Manifiesto de constitución y principios fundacionales, los estudiantes de San Francisco Xavier afirman que la autonomía universitaria debe darse en Bolivia como requisito ineludible para la alcanzar la modernización de la Universidad. La FECH estuvo integrada por dirigentes de las facultades de Derecho y Medicina, además de estudiantes de la Escuela Normal de Maestros, liderada por Rafael Gómez Reyes, Alberto Salinas, Ramón Chumacero Vargas, Enrique Vargas Sivila y Amelia Chopitea Villa, considerada la primera dirigente mujer de la época que, dos años más tarde (1926), se titula como la primera médico del país.
Si bien esta declaración puede ser considerada en Bolivia como el primer documento que expresa tácitamente la necesidad de alcanzar la autonomía universitaria, es preciso citar que 50 años antes, el expresidente de la República, Tomás Frías (1972 – 1873, 1974 – 1876) aprobó en 1872 la ley sobre la instrucción pública que determina la libertad de enseñanza; en ella, se propone la liberación de la educación media y superior de la administración del Estado para que pase a manos de las empresas e iniciativas particulares. La argumentación de ley afirma que para lograr el avance de la ciencia, las universidades tenían que ser autónomas. Con el mismo razonamiento, Valentín Abecia Ayllón (1846 – 1910), pensaba que el futuro de la educación estaba cifrada en su autonomía y en 1925, Daniel Sánchez Bustamante, propone en el Congreso Pedagógico la autonomía universitaria, al decir que el destino de las universidades está en manos de los profesores y estudiantes.
Como se puede apreciar, la orientación liberal y racionalista de estas personalidades construyó su percepción sobre cómo debía aplicarse la autonomía universitaria; no obstante, para varios autores, el Manifiesto de Córdoba y los enfoques liberales sobre la educación no marcaron -en todo- la agenda autonomista de los estudiantes bolivianos, quienes, desde el marxismo y el anarquismo asumen una posición crítica sobre el rumbo y el contenido de la educación superior.
El dirigente estudiantil, Ramón Chumacero Vargas, perfila el ideario que debía tener la autonomía al asegurar que a las universidades no se las puede desvincular de los problemas sociales; por el contrario, dice, la autonomía tiene que servir para la liberación del pueblo. “…no solo se hablará de redimir la educación de la tutela estatal, sino también de redimir al pueblo de la clase feuda-burguesa y, al país, del imperialismo. En este aspecto, nuestro movimiento tiene más semejanza con el movimiento reformista del Perú” (1928).
Oscar Ayala (2021) no encuentra muchas contradicciones entre el Manifiesto de Córdoba y la movilización de los universitarios bolivianos gestada desde 1925, al vislumbrar la existencia del vínculo indivisible entre las demandas sociales del pueblo y las educativas, ya que ambas surgen de un tronco común, a saber, la pobreza, la marginación y la falta de oportunidades para los jóvenes. “Pese a los reiterados pedidos (de autonomía) y movilizaciones, estas aspiraciones no fueron atendidas por el gobierno (Bautista Saavedra – 1920 – 1925); consecuentemente, surgió un frente de acción y articulación en el Primer Congreso Nacional Universitario de Estudiantes realizado en Cochabamba en 1928, el cual establecía una orientación política antiimperialista a la reforma que surgió a partir del Manifiesto de Córdoba (Durán 1962). No obstante, se construyó un discurso influenciado por la experiencia universitaria peruana; es decir, que profundiza un vínculo social y reafirma la indivisibilidad de la universidad con el ámbito social” (Komadina 1991, citado por Ayala 2021).
En resumen, los universitarios de Bolivia incorporan al Manifiesto de Córdoba el contenido social y antiimperialista, al entender que el problema de la educación es un problema social y cultural; en razón a ello, anotan que previamente a la reforma educativa, las universidades deben alcanzar su autonomía, para el efecto se demanda que la Constitución reconozca el carácter autónomo de las universidades, esto implicaba la intervención de los estudiantes en el gobierno universitario y permitir la autonomía económica. (Chumacero. 1928).
Bajo esa lógica, la FECH hace suya la demanda de la población chuquisaqueña que, a decir de los estudiantes y organizaciones cívicas, el Departamento sufría el abandono de las políticas centralistas del Estado; ante esto, consideran que la Autonomía Universitaria no solo será el motor de desarrollo de la Universidad, sino de todo el Departamento; en tal sentido, los estudiantes asumen para sí las aspiraciones de su pueblo, posición que la amalgaman con el pedido de autonomía universitaria. De acuerdo a la interpretación de las dirigencias estudiantiles, el control total del Estado en la educación superior únicamente ocasiona el desquiciamiento de las universidades, ya que funcionaban en función a intereses clientelares y prebendales. “… la causa evidente por la que la Universidad juegue un rol secundario en las actividades nacionales. Su sometimiento incondicional al poder púbico. Y esa sola causa es el origen de los males fundamentales que la aquejan” (Julio Alvarado. 1927).
A raíz de la persecución a profesores y alumnos por parte del gobierno de Bautista Saavedra y el cierre de la facultad de Medicina (1925), la demanda por la autonomía cobra mayor fuerza entre los estudiantes, materializada en noviembre de 1927, cuando el rector Renato Riverín (1927 – 1928) presenta al Congreso de la República el Proyecto de Ley de Autonomía Universitaria, elaborada por Jaime Mendoza, Vicente Donoso Torres, Adolfo Vilar, Fernando Ortiz Pacheco, Armando Solares, Alberto Zelada, Guillermo Francovich, Rafael Gómez Reyes y Ramón Chumacero Vargas. A pesar del rechazo de la clase política para tratar el referido proyecto, el movimiento autonomista no se detiene, más bien se profundiza con la conformación de la Comisión Proautonomía durante la gestión del rector Anastacio Paravicini (1928), integrada por Renato Riverín y varios estudiantes de la FECH, quienes luego de consensuar los lineamientos del proyecto autonomista, presentan el documento en la Primera Convención de la Federación Universitaria Boliviana (FUB), realizada en Cochabamba, homologado y aprobado un año más tarde en la segunda Convención estudiantil llevada adelante en la ciudad de Sucre en 1929.
El gobierno del presidente Hernando Siles (1926 -1931) nunca expresó su rechazo a la autonomía universitaria; por el contrario, en 1930 intenta ejecutar un programa de reforma estructural de la educación que debió incluir la autonomía de las universidades; desde esa visión, conformó una comisión encargada de elaborar el proyecto de ley de reforma educativa, integrada por Corsino Rodríguez y Luis Fernando Guachalla; sin embargo, el error de Siles fue no incluir a la FUB ni a las universidades en dicha comisión, lo que generó el rechazo movilizado de profesores y estudiantes a las pretensiones del gobierno.
Para comprender ese momento en la vida del país, es importante resaltar los factores que impulsaron la caída de Hernando Siles, que están íntimamente relacionados con la aprobación del Decreto supremo que pone en vigencia la Autonomía Universitaria, el 25 de julio de 1930. El primer antecedente que debe tomarse en cuenta es la posición ideológica del gobierno de Siles que, si bien deviene de una incisión del Partido Liberal (Republicanos), Siles funda en 1926 el partido nacionalista que marca una posición interpeladora a los intereses de los patriarcas de la minería y el latifundio; en ese orden, propugna la construcción de la nación boliviana, como identidad totalizadora que, necesariamente, debía incluir a los indígenas. Al respecto, existen varias posiciones sobre el contenido político del gobierno de Siles, para unos, representa el primer antecedente de los movimientos nacionalistas de marcada influencia en el campo político desde la pos guerra del Chaco (1932- 1935); empero, para otros, Siles fue un presidente populista que mantuvo su vínculo con los sectores populares e indígenas, únicamente en la esfera discursiva, ya que en los hechos no ejecutó medidas que afecten los intereses de la oligarquía minera – feudal ni de la Iglesia católica. Con todo, según expresaban los periódicos de la época, los partidos liberales, los empresarios mineros, los latifundistas y los jerarcas de la Iglesia jamás ocultaron su animadversión con las corrientes nacionalistas y con Hernando Siles, ya que veían como una amenaza el anuncio gubernamental de incorporar en la Constitución Política del Estado el derecho de los indígenas y barreras arancelarias a la exportación de minerales.
La crisis mundial de la economía en 1929 significó para el país la caída de la producción minera, para entonces manejada por la oligarquía encabezada por Patiño, Hoschild y Aramayo, situación que motivó al despido de cientos de trabajadores quienes además debían enfrentar el desabastecimiento de alimentos. Como consecuencia, los distintos sectores de la población salen a las calles a exigir soluciones a la crisis económica. En ese escenario convulsivo, el presidente Siles Reyes al verse acorralado por un conjunto de demandas sociales, políticas, económicas y autonomistas, sugiere ampliar su gestión hasta que se aprueben las reformas a la Constitución, propuesta que, en vez de apaciguar a la población, fue hábilmente aprovechada por la oposición política para pedir su renuncia. Irónicamente; ante la impotencia por no sabe cómo controlar la efervescencia de varios sectores de la clase media, el gobierno apela a la represión y confinamiento de los líderes opositores, entre ellos, varios profesores y estudiantes universitarios. Con todo, Hernando Siles renuncia en marzo de 1930, deja la conducción del poder ejecutivo a la Junta de Ministros. La orientación nacionalista del gobierno, la pretensión de Siles de ampliar su mandato, la crisis económica y la represión política allanaron el camino para el golpe de Estado (junio de 1930) y la consiguiente promulgación de la Autonomía Universitaria, el 25 de julio de 1930.
En junio de 1930, en la ciudad de La Paz, la policía se enfrenta con los maestros y estudiantes que reclaman el respeto a la democracia y a las libertades ciudadanas. Los cadetes del Colegio Militar se unen a la movilización de los maestros, comerciantes y estudiantes que cercan al gobierno. Más tarde, la agitación popular se vio respaldada por varias unidades del ejército de Oruro y Cochabamba. El golpe de Estado se concreta el 25 de junio de 1930 por parte de la Junta Militar, cuyo presidente fue el general Blanco Galindo.
A las pocos semanas de asumir la conducción del Estado, la Junta Militar solicita a los estudiantes universitarios enviar una terna de docentes para que el gobierno nombre a los rectores. En Sucre existe el consenso de proponer el nombre de Jaime Mendoza, quien asume el cargo casi de inmediato. Exactamente treinta días después del motín militar, el 25 de julio, el gobierno aprueba el Estatuto de Educación Pública, redactado por Daniel Sánchez Bustamante, en ella se concede la autonomía a las universidades. Ella es definida como la libertad que tienen los docentes y estudiantes de elegir a sus autoridades, nombrar a los profesores, administrar su presupuesto y otorgar grados universitarios.
En la parte introductoria del Decreto Supremo se expresa la motivación política que impulsa la puesta en vigencia de la autonomía universitaria, se dice explícitamente que el propósito es liberar a los estudiantes de “malsanas influencias políticas”, con esto está clara la advertencia y la intención política que tenía la junta militar al aprobar la autonomía: despolitizar a los estudiantes y despojar el contenido social que tuvo el proyecto de autonomía aprobado en las dos convenios estudiantiles de 1928 y 1929.
“La junta Militar de Gobierno de Bolivia con el propósito de efectuar la autonomía universitaria, de emancipar la educación pública de malsanas influencias políticas y de hacer de ella una función adecuada a sus propios fines, decreta lo siguiente…”.
En octubre de 1930, dos meses después de su designación, renuncia el rector Mendoza para habilitarse como candidato a senador, a sugerencia de los estudiantes de provincia; asume el rectorado el decano de la facultad de Derecho Manuel María Vilar. La Junta Militar convoca para enero de 1931 al Referéndum con el fin de reformar la Constitución Política del Estado, entre los puntos de la reforma se consigna la Autonomía Universitaria. El 11 de enero de 1931 se lleva adelante la consulta a través del voto selectivo (no votaban las mujeres ni los analfabetos), en un contexto local desfavorable a la autonomía. Las columnas de opinión de, casi todos los periódicos de Sucre, anticipan el descalabro material y moral de la universidad en caso de alcanzar su autonomía, se desaprueba la posibilidad de que los estudiantes elijan a las autoridades y que la universidad pierda el control del Estado.
Concluido el escrutinio de la consulta, el 13 de enero se comunica que el voto mayoritario en Chuquisaca rechazó la autonomía universitaria; con todo, el proyecto autonomista recibe el respaldo de los otros departamentos.
El flamante presidente de Bolivia, Daniel Salamanca (1931 – 1934) es el encargado de promulgar la reforma de la Constitución Política del Estado, en ella se incluye la Autonomía Universitaria. En los primeros meses de 1931, el Consejo Universitario elije como rector, por voto de estudiantes y docentes, a Ezequel Ozorio, es la primera autoridad designada por el Consejo; no obstante, debido a los vacíos jurídicos que impedía la correcta administración de la Casa de Estudios Superiores, Osorio renuncia, esto da paso a cinco años de nombramientos, renuncias intempestivas e interinatos prolongados, tiempo que coincide con la guerra del Chaco (1932 – 1935).
En ese ínterin, el secretario de Gobierno de la FECH, Ramón Chumacero Vargas, envía una carta a Jaime Mendoza, fechada el 20 de agosto de 1934, en ella le expresa sus puntos de vista sobre varios temas universitarios, a más de expresar su preocupación por el manejo que hacían las autoridades de la autonomía universitaria; desde su perspectiva, este coincidía con las ideas primigenias labradas en el último lustro del 20.
“(Hace algunos años) le manifestamos nuestros temores sobre el porvenir de la universidad basados en la carencia de hombres capaces de hacer rendir frutos, merced al esfuerzo y al sacrificio de los estudiantes. Nuestros temores y previsiones han sido, lamentablemente, confirmados por los hechos. Después de la renuncia suya, “hombres de prestigio” han ido a “dirigir” la universidad. (…) Sabe usted, cómo el movimiento autonomista -impulsado por la vanguardia estudiantil y ayudado por UD. y por los doctores Sánchez Bustamante y Riverín- triunfo a pesar de la indiferencia de maestros consagrados y por consagrarse y a pesar la resistencia de los capataces de la politiquería. Sabe también cómo el maquiavelismo de los otrora sumisos defensores de la esclavitud universitaria, los han hecho colocarse a la cabeza de la universidad autónoma. Así como van las cosas, no le parezca extraño que algún ex ministro atrabiliario llegue un día a ejercitar su cólera en la universidad”.
Durante la gestión de Claudio Roso, el 1 de julio de 1936, se produce otro hito en la historia de la universidad boliviana, el gobierno de David Toro emite el Decreto Supremo que concede la Autonomía Económica a las universidades; el decreto define las fuentes específicas de financiamiento a las universidades que permitan la libre administración de sus recursos. Según la norma, se establece un régimen impositivo con destino a financiar la actividad universitaria, esto significó que el ingreso económico de cada universidad esté en relación con los impuestos que recaude cada región.
Conocidas las fuentes de financiamiento y aprobado el primer Estatuto Orgánico de la Universidad (1937), la universidad inicia en 1938, durante la gestión del rector Aniceto Solares (1938 – 1944), el proceso de modernización universitaria con la creación de varias escuelas e institutos universitarios, como el Instituto de Comercio que luego se convierte en la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, también se crea el Instituto de Idiomas o lenguas, se funda el Instituto de Fisioterapia y Cancerología; en el plano de investigación, se crean los institutos de Biología y Fisiología, dependencias donde se realizaron importantes proyectos científicos vinculados con la vacuna contra la tuberculosis. Se establece también la Universidad Obrera, refundada en 1953 como Universidad Popular, y se impulsa la actividad cultural con la creación de museos, la imprenta universitaria y bibliotecas.
Fuentes de Consulta
“Autonomía Universitaria”. Julio Alvarado. En Revista Universidad de San Francisco Xavier. Año 1, N° 3, octubre de 1927.
“Revolución Universitaria” Mariano Baptista Gumucio. 1956. Edit. “Juventud”.
“Acción Universitaria”, Ramón Chumacero Vargas. 1928.
“Crisis política y desligitimación de la reforma universitaria boliviana: Desde la utopía de sus principios hasta la distopia de sus fines”. Revista mexicana de Ciencias políticas y Sociales UNAM. Nueva época. 2023.
Javier Calvo Vásquez
SP Renato Riverin
SP enrique vargas
