CHUQUISACA Y EL PACTO FISCAL
Mirko Ivo Gardilcic Calvo
Lenny D. Cuestas Gómez
Resumen
Partiendo de la conceptualización que se da en Bolivia, el Pacto Fiscal se define como “el espacio agendado por la Ley Marco de Autonomías, en el cuál, a través de un proceso de concertación, se tratarán los aspectos relacionados a la generación, distribución y destino de los recursos públicos, que son los temas pendientes del proceso constituyente y fundamentales para el desarrollo nacional”. Existen varios aspectos fundamentales para el pacto fiscal, tales como: la consolidación del ajuste fiscal, el mejoramiento de la productividad de la gestión pública, una mayor transparencia a la acción fiscal, entre otros aspectos.
De forma tal, que el Pacto Fiscal debe estar orientado a «contar con políticas de Estado que concurran a dinamizar el crecimiento, promover la productividad y fomentar una mayor articulación territorial, además de impulsar mejores condiciones de empleo y de institucionalidad laboral». Sin embargo, lo que posiblemente faltó esclarecer, es que eso podrá ser viable, siempre y cuando todas las regiones y sus poblaciones, se encuentren en igualdad de condiciones; de lo contrario, si se parte de la situación actual, a la que se ha llegado con marcadas diferencias, dada la tendencia autoritaria que se observa en el trato con la mayoría de nuestras regiones deprimidas, debido a que el Estado gasta o invierte los recursos en función de unas pocas élites, la aglomeración en un partido político o atendiendo los intereses de algunos grupos de poder económico, sindical o gremial, surgen y se acentúan las discrepancias que, en condiciones normales, imposibilitarán arribar al anhelado acuerdo.
En consecuencia, reconocido, aceptado y asumido el compromiso de recomponer las desigualdades, a través de un mecanismo compensatorio (Fondo de compensación), recién se podrá proceder a analizar, discutir y en su caso, aprobar metodologías técnicas, para que a partir de esa fecha, se proceda a distribuir los recursos nacionales de la forma más racional posible, aplicando metodologías probadas que midan el grado de desigualdad de la distribución del ingreso y principalmente las mejores condiciones de vida para los habitantes.